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El Congreso de los Diputados, a punto de aprobar la modificación legislativa para agilizar los trámites de expulsión de ocupas

El Congreso de los Diputados, a punto de aprobar la modificación legislativa para agilizar los trámites de expulsión de ocupas

El Congreso de los Diputados, está a punto de aprobar la reforma legislativa para acelerar los desalojos de viviendas ocupadas. La Comisión de Justicia aborda este martes el texto que han elevado los ponentes con la única oposición de Unidos Podemos al “texto transaccional” de los grupos a la iniciativa inicial de PDeCAT. Los socialistas aseguran que no secundarán la propuesta en los términos que se han presentado y Ciudadanos asegura que no lo ha pactado y que su posición dependerá del debate. Sin embargo, PDeCAT asegura que tiene el respaldo de PP, PNV, Ciudadanos y socialistas.

Con los términos en los que está planteada la reforma, los titulares de inmuebles tendrán más fácil recuperar la posesión de sus bienes cuando hayan sido ocupados. Se pretende articular mecanismos legales ágiles en la vía civil que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda,cuando se trata de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerlas, titulares o gestores de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social”, dice la exposición de motivos de la proposición de ley. La iniciativa inicial dejaba fuera a los fondos buitre, a los que se ha incorporado en la ponencia.

Ese procedimiento se podrá llevar a cabo sin la garantía de que las personas que ocupaban la vivienda sean reubicadas en otro lugar en caso de vulnerabilidad. El texto se limita a establecer que, en caso de que sean identificados, “se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación”.

La modificación de la ley permite que la demanda de recuperación de la vivienda no se dirija a nadie en concreto. “Podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo la notificación”, señala el texto acordado que, en principio, se remitirá en esos términos al Senado para su aprobación definitiva salvo que hoy martes se acepten in extremis enmiendas de los otros grupos.

Los demandados “exclusivamente” podrán oponerse a la demanda mostrando “la existencia de título suficiente para poseer la vivienda” o argumentando “la falta de título” por parte del demandante. Si la titularidad de los habitantes no queda acreditada, “el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda” sin que haya posibilidad de recurrir la decisión.

El PSOE, que se opuso a la toma en consideración de la proposición de ley, trató de enmendar sin éxito el texto de la ponencia. Los socialistas no secundarán la propuesta y aún no han decidido si el sentido de su voto será un ‘no’ o una abstención. No obstante, no han manifestado su oposición a la redacción de la ponencia.

En esa exposición de motivos se relata el “considerable número de desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial” para los que se han llevado a cabo “planes de actuación para atender tales situaciones”. “De forma casi simultánea, y en la mayor parte de los casos sin que exista relación alguna con situaciones de extrema necesidad, han aparecido también fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa”, reza el texto.

“Están identificadas verdaderas actuaciones organizadas, muy lucrativas y de carácter mafioso, que perturban y privan de la posesión de viviendas a las personas físicas a las que legítimamente corresponde, o dificultan e imposibilitan la gestión de aquellas viviendas en manos de organizaciones sociales sin ánimo de lucro y de entidades vinculadas a Administraciones públicas”, denuncia la exposición de motivos de la reforma legislativa. La ausencia de medidas contra esas mafias de las que habla el texto es uno de los reproches de los grupos que rechazan la propuesta.

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