El pleno del congreso de los diputados aprobó el pasado 14 de marzo tomar en consideración la proposición de ley por la que se permita que las ocupaciones ilegales se tramiten por la vía civil con mayor celeridad y todas las garantías.
Con la indicada iniciativa se pretende la modificación de la actual ley de enjuiciamiento civil que, en la actualidad, tal y como expuso la impulsora de la iniciativa, la diputada Sra. Lourdes Ciuró del grupo parlamentario Pdecat, no prevé ningún trámite civil ágil que permita resolver esta situación, ya que según palabras textuales “Hoy existe una economía sumergida organizada que actúa con total comodidad y que obtiene un lucro elevadísimo a costa de la precariedad ajena, porque ofrece tiempo, ya que resulta que no hay ningún mecanismo eficaz para poder desalojar a las personas que ocupan ilegalmente. Los procedimientos son largos, son costosos y, sobre la base de la dilatación en el tiempo de estas actuaciones judiciales, alardean de poder instalar a personas en viviendas que no les corresponden y les garantizan además que nadie va a perturbarles en su ocupación”
La mencionada diputada hizo alusión directa al problema que se vive en Mataró, comentando que:”Otro ejemplo es el del municipio de Mataró, gobernado por el Partido Socialista. Su concejala de vivienda se lamentaba y decía: Tenemos ochenta viviendas que nos han cedido las entidades financieras con mucho esfuerzo; las tenemos todas ocupadas; no podemos hacer política social. Ella decía que están en manos de mafias que abusan de la vulnerabilidad de las personas. Hoy hay cientos de viviendas en manos de administraciones públicas destinadas a políticas sociales, pero que no pueden cumplir esta finalidad porque están ocupadas. La Generalitat de Catalunya, por ejemplo, tiene 322 en estos extremos. Resulta que hay una realidad a la que no podemos cerrar los ojos, y es que existen redes organizadas, auténticas mafias, que localizan pisos vacíos, sean de quien sean, los cambian el bombín y los ceden a cambio de 600 euros o de 1.000 euros si el ocupante quiere además conexión —pirata, por supuesto— a los suministros básicos
Con esta iniciativa se pretende una protección efectiva a los pequeños propietarios, a la vez que se prima la protección de aquellas personas con derecho a una vivienda social.
Estaremos pendientes de las novedades que se produzcan al respecto para informarles puntualmente.